ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA PROPUESTA DE LA SAC Y EL PND 2022 2026

Análisis político del documento de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) "43 propuestas para cumplirle al campo"

Introducción

El documento "43 propuestas para cumplirle al campo", elaborado por la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), constituye una de las propuestas programáticas más importantes presentadas por el sector agroempresarial para orientar la política rural del próximo gobierno. Más que <_un conjunto de recomendaciones técnicas representa una visión integral sobre el papel del Estado, la propiedad rural, la Reforma Agraria, la competitividad y el desarrollo del campo colombiano.

El análisis realizado concluye que las propuestas de la SAC no buscan desmontar de manera expresa las principales reformas impulsadas durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. No proponen eliminar el reconocimiento constitucional del campesinado, la Jurisdicción Agraria, el derecho humano a la alimentación ni la Reforma Agraria. Sin embargo, sí plantean modificar de manera significativa los instrumentos jurídicos, administrativos e institucionales mediante los cuales esas reformas pueden hacerse efectivas.

En consecuencia, el documento representa un cambio de orientación de la política rural más que una derogatoria de las reformas existentes.

Dos modelos de desarrollo rural

El estudio permitió identificar la existencia de dos proyectos políticos claramente diferenciados para el campo colombiano.

El primero, desarrollado durante el gobierno Petro y plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, parte del reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional y propone una transformación estructural basada en la Reforma Agraria, el fortalecimiento de la Economía Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria (ECFEC), el derecho humano a la alimentación, las territorialidades campesinas y una mayor capacidad de intervención del Estado.

El segundo, representado por las propuestas de la SAC, organiza la política rural alrededor de la seguridad jurídica, la productividad, la competitividad, la inversión privada y la estabilidad institucional. Aunque reconoce la importancia del campesinado y de la Reforma Agraria, considera que estas deben desarrollarse sin alterar de manera significativa el funcionamiento del mercado de tierras ni la seguridad jurídica de la propiedad.

La diferencia entre ambos modelos no radica en la necesidad de fortalecer el sector agropecuario, sino en el papel que debe desempeñar el Estado para lograr ese objetivo.

Reforma Agraria e institucionalidad

Uno de los principales hallazgos del análisis consiste en que las propuestas de la SAC afectan principalmente la capacidad institucional del Estado para ejecutar la Reforma Agraria.

El documento plantea revisar competencias de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), fortalecer el papel de la Jurisdicción Agraria en determinados procedimientos, modificar mecanismos de adquisición de tierras y revisar figuras como las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA) y los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM).

Desde la perspectiva de la SAC, estas modificaciones buscan fortalecer el debido proceso, la seguridad jurídica y la confianza para la inversión.

Desde la perspectiva del movimiento campesino, estas reformas podrían ralentizar la implementación de la Reforma Agraria, reducir la capacidad administrativa del Estado y limitar el desarrollo de los instrumentos creados para garantizar los nuevos derechos constitucionales del campesinado.

El reconocimiento constitucional del campesinado

El documento de la SAC reconoce el nuevo marco constitucional surgido entre 2022 y 2026, incluyendo:

el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional;

la creación de la Comisión Mixta Nacional para Asuntos Campesinos;

la Jurisdicción Agraria y Rural;

el derecho humano a la alimentación.

No obstante, el análisis concluye que la discusión ya no se encuentra en el reconocimiento formal de estos derechos, sino en su implementación.

La principal disputa política consiste en determinar qué instituciones, competencias y recursos permitirán convertir esos derechos en políticas públicas efectivas.

Territorialidades campesinas

Las propuestas relacionadas con las territorialidades campesinas constituyen uno de los puntos de mayor divergencia entre ambos modelos.

Mientras el gobierno Petro impulsó instrumentos como las APPA, las ZPPA y los TECAM para fortalecer la producción de alimentos, el ordenamiento territorial y la participación campesina, la SAC plantea revisar su alcance argumentando posibles afectaciones a la seguridad jurídica y al uso productivo del suelo.

El análisis concluye que esta discusión trasciende el ámbito técnico y refleja dos formas distintas de comprender el territorio:

como soporte de actividades económicas reguladas principalmente por el mercado;

como espacio donde confluyen derechos colectivos, producción alimentaria, identidad campesina y desarrollo territorial.

Economía campesina

El estudio identifica una diferencia conceptual importante respecto al papel de la Economía Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria.

El Plan Nacional de Desarrollo la ubica como uno de los pilares del desarrollo rural.

El documento de la SAC privilegia una visión más amplia del productor agropecuario, concentrándose en competitividad, productividad e inversión.

Esta diferencia modifica el enfoque de las políticas públicas, pues el modelo gubernamental incorpora medidas diferenciadas para el campesinado, mientras que la propuesta de la SAC tiende a organizar las políticas alrededor del conjunto del sector agropecuario.

Infraestructura y competitividad

El análisis también identifica importantes espacios de convergencia.

Las propuestas sobre:

infraestructura rural;

vías terciarias;

distritos de riego;

investigación agropecuaria;

innovación tecnológica;

conectividad;

logística;

fortalecimiento sanitario;

constituyen necesidades ampliamente compartidas por todos los actores rurales.

No obstante, el documento concluye que estas inversiones solo contribuirán a reducir las desigualdades rurales si se articulan con la Reforma Agraria, el fortalecimiento de la economía campesina y la priorización de los territorios históricamente excluidos.

El modelo de Estado

Uno de los principales aportes del análisis consiste en demostrar que las cuarenta y tres propuestas no solamente modifican políticas sectoriales.

También redefinen el papel del Estado en el desarrollo rural.

Mientras el modelo desarrollado durante el gobierno Petro fortalece un Estado con mayores capacidades para intervenir sobre la estructura agraria, ordenar el territorio y ejecutar políticas redistributivas, la SAC propone un Estado orientado principalmente a garantizar estabilidad jurídica, condiciones para la inversión y competitividad del sector agropecuario.

No se trata de un Estado más pequeño.

Se trata de un Estado con prioridades diferentes.

Conclusiones

El documento de la Sociedad de Agricultores de Colombia constituye una propuesta técnicamente estructurada y políticamente coherente que busca orientar la política rural del próximo gobierno.

Sin embargo, analizado desde la perspectiva del Plan Nacional de Desarrollo, del reconocimiento constitucional del campesinado y de la Reforma Rural Integral del Acuerdo Final de Paz, varias de sus propuestas podrían reducir la capacidad transformadora de las instituciones creadas entre 2022 y 2026.

El principal riesgo identificado no consiste en la derogatoria formal de los nuevos derechos campesinos, sino en la modificación gradual de las competencias, procedimientos e instrumentos necesarios para hacerlos efectivos.

En consecuencia, el debate sobre el futuro del campo colombiano ya no gira alrededor de la existencia de la Reforma Agraria o del reconocimiento constitucional del campesinado. La discusión central consiste en determinar qué modelo de Estado, qué institucionalidad y qué políticas públicas garantizarán realmente el acceso a la tierra, la producción de alimentos, la justicia territorial y el desarrollo rural en las próximas décadas.

Desde esa perspectiva, las "43 propuestas para cumplirle al campo" representan una alternativa programática que privilegia la seguridad jurídica, la competitividad y la inversión como ejes del desarrollo rural. El reto para el movimiento campesino consiste en construir una respuesta técnica y política capaz de defender las conquistas constitucionales recientes, al tiempo que incorpora propuestas viables para aumentar la productividad, fortalecer la infraestructura y consolidar un campo más equitativo y sostenible.

Adjuntamos documento PDf con dichas comparaciones